miércoles, 29 de noviembre de 2017

El federalismo como parte de un proyecto reformista

Felipe González ha dicho que hoy no se siente representado por ningún proyecto de reforma, renovación y progreso. Vamos a ver si le ayudamos a re-engancharse. Por supuesto, no bastará con un modesto post en un blog, pero esto no son más que unas notas de trabajo que pretenden alentar a la acción (si puede ser de otros, claro, porque yo me canso y tengo mucho que hacer). El federalismo en España y Europa debe formar parte de un proyecto reformista profundo impulsado (pero no protagonizado en exclusiva) por la social-democracia europea, que no diga una cosa un día y una muy diferente otro día, en función de las necesidades de la actualidad. Las instituciones del Estado-Nación tradicional se han revelado como obsoletas e insuficientes para hacer frente a los retos sociales y medioambientales del mundo del siglo XXI. Las reformas institucionales, especialmente la reforma de la gobernanza económica de la Unión Europea, sobre la que escribe hoy Xavier Vidal-Folch, debe mostrar en la narrativa de las fuerzas reformistas europeas su complementariedad con reformas sociales que consoliden el Estado del bienestar y lo modernicen y reduzcan las desigualdades. Las reformas institucionales en España y Europa deben acompañarse por una narrativa común (sugerida por el economista francés Thomas Piketty en un reciente artículo) que ponga de relieve la necesidad de reducir la competencia fiscal y regulatoria y que ponga énfasis en la necesidad de resolver cooperativamente los grandes retos del siglo XXI, como el cambio técnico protagonizado por grandes multinacionales, o el cambio climático. En España, hay que dar por buenos los trabajos de hacendistas y constitucionalistas e impulsar sus conclusiones, que tienen un elevado grado de consenso en el sentido de proponer transitar hacia reformas políticas e institucionales que incluyan con gradual posibilismo la reforma de la Constitución mediante acuerdos lo más amplios posibles en función de las circunstancias. Así responderemos positivamente a los críticos europeístas y a los críticos demócratas, pero con reformas serias. El populismo quiere arrasar con las instituciones, es su forma de aprovechar de modo oportunista el descontento: nuestro deber es reformarlas. Un marco institucional estable (que entre otros aspectos relativice los conceptos de soberanía y nación) es necesario no sólo para los inversores, sino sobre todo para la gente corriente. Y para que todo esto sea serio y no sólo la ensoñación de cuatro blogueros y tuiteros, hay que consolidar instrumentos asociativos federalistas, así como de formación y pensamiento, aprovechando las oportunidades que nos brinda Europa y las nuevas tecnologías. Un buen ejemplo de instrumento formativo es el curso on-line que deduzco que ha seguido el ex-alcalde de Sabadell Manuel Bustos (aunque quizás una parte presencial no le hubiera ido mal). Este fue el programa sobre "Transparencia y Prevención de la Corrupción en la Gestión Pública" de Sustentia Innovación Social al que infiero de una información en El País que se apuntó (y al que deberían apuntarse quizás a modo preventivo todos los que vayan a tener cargos públicos, no sea que los proyectos reformistas tan bienintencionados como el que apunté se vean empañados por la corrupción):
Descripción: El curso analiza los principios éticos que se deben cumplir en cualquier modelo de gestión pública, centrándose en la transparencia, anticorrupción y el derecho de acceso a la información, como requisito democrático y de prevención de corrupción. Se trabaja sobre las principales referencias normativas y estándares, para reflexionar y aprender cómo poner en práctica la transparencia de manera eficiente, y en especial cómo garantizar el derecho de acceso a la información pública y la participación de los ciudadanos a través del sistema de gestión de la información de las administraciones, así como medidas para prevenir eficazmente la corrupción. Para ello se utilizan recursos de contenido teórico, de debate y de resolución de ejercicios prácticos.
Dirigido a: El curso busca dar formación a:
• autoridades electas,
• funcionarios de administración (central, autonómica y local), instituciones y empresas públicas,
• personal laboral, directivos y técnicos,
que participan en los procesos de gestión pública tanto en la definición de políticas y/o su aplicación, como en la atención a los ciudadanos.
Por su contenido, también aporta conocimiento y habilidades específicas a profesionales independientes (consultores y trabajadores de OSC, representantes de movimientos asociativos, etc.) y ciudadanos, interesados en conocer las bases fundamentales de la gestión ética y del derecho de acceso a la información pública.
Estos conocimientos tanto para realizar labores de incidencia y como para relacionarse con la administración haciendo uso de los principios y derechos reconocidos en el ámbito nacional e internacional.
Duración: 50 h. (5 semanas)

 

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