Los procesos de fusión o adquisición de grandes empresas focalizan la luz de la opinión pública por un tiempo en fenómenos políticos y económicos asociados al sector en que tienen lugar. No debemos pues desaprovechar la ocasión de aprender sobre las implicaciones del anunciado proceso de fusión entre Caixabank y Bankia para el sistema financiero y para la economía y la sociedad en general. Deberán ser las autoridades regulatorias y supervisoras las que evalúen finalmente, en el marco del Estado de derecho español y europeo, y con toda la información a su disposición, la deseabilidad con o sin condiciones de la transacción que finalmente se proponga. Pero, como es lógico, el debate público está abierto sobre las implicaciones económicas y políticas de la fusión.
El anuncio de fusión responde al mensaje del Banco Central Europeo sobre la necesidad de consolidación bancaria en Europa. Aunque existe un dilema entre solidez y estabilidad financiera, por un lado, y competencia, por el otro, las autoridades europeas parecen haber concluido que en estos momentos existen mayores riesgos para la estabilidad que para la competencia. Las fusiones, sin embargo, pueden condicionarse, como se hace muchas veces, para asegurar, entre otras cuestiones, que se mantienen unos niveles aceptables de competencia bancaria. Desde un punto de vista europeísta, sería deseable que la consolidación exigida por el BCE en algún momento tuviera lugar a través de fusiones transfronterizas. La Unión Bancaria Europea, sin embargo, no está suficientemente madura para que esto ocurra de inmediato. Probablemente acabará ocurriendo, y en este sentido es deseable empezar en España por tener entidades suficientemente sólidas como para que puedan participar en su momento en la consolidación transfronteriza sin diluirse su conexión con la comunidad. Lo ha explicado muy bien el profesor Xavier Vives, probablemente el principal experto sobre el dilema entre competencia y estabilidad en el sistema bancario. Ha argumentado también que ante los bajos tipos de interés, las exigencias de capitalización y la creciente competencia disruptiva de agentes que operan con tecnologías digitales (fintech), las fusiones de bancos para encarar con solvencia el futuro son imprescindibles.
La ciudadanía española y catalana, y los clientes de las entidades que han anunciado su fusión, pueden beneficiarse de una mayor solidez y estabilidad al final del proceso, si se gestiona bien por parte de los equipos ejecutivos y todos los expertos que se movilizan en estos casos (bancos de inversión, despachos de abogados), y se condiciona bien, si es necesario, por parte de los poderes públicos (en este caso en su doble rol de propietarios y reguladores). Esta labor condicionante por parte de los poderes públicos es especialmente relevante para las personas trabajadoras de las entidades afectadas y para las comunidades, que deben poder acceder tras la fusión a mejores servicios financieros en condiciones de equidad, así como beneficiarse de la labor social de la entidad resultante y sus fundaciones asociadas.
Sobre la recuperación de la aportación del Estado a Bankia, como ha argumentado la columna “Lex” del Financial Times, como resultado de la fusión los contribuyentes españoles ya no serán propietarios de un banco débil. Serán propietarios de un porcentaje más pequeño de una entidad más sólida, solidez imposible de alcanzar en las condiciones actuales a través estrictamente de un “banco público” español. El rol del poder público es facilitar la fusión si hay razones para ello y condicionarla (a través de la propiedad y la regulación) para que opere en beneficio del interés general.
En este sentido es llamativa la costosa (para la sociedad) irrelevancia del Gobierno catalán. En condiciones normales, el ejecutivo de la Generalitat debería ser parte activa en la preparación y condicionamiento de la fusión. Pero esta vez se ha enterado por la prensa y carece, por deméritos propios, de cualquier capacidad de influencia para hacer algo por las personas trabajadoras, por la población consumidora o por las comunidades afectadas por la fusión. Luchando por la independencia, han caído en la irrelevancia. En cualquier país de gobernanza compleja, todos los poderes públicos se movilizan para condicionar este tipo de fusiones. Pero una pre-condición para eso es que los poderes públicos sean sólidos, tengan prestigio, sean influyentes. No es el caso del actual gobierno catalán. Habrá que esperar a uno mejor. El actual se limita a “pedir” que la sede social de la entidad regrese a Barcelona. Piden (en esto ya no se atreven a conjugar uno de sus verbos preferidos, “exigir”) deshacer lo que ellos mismos, con su comportamiento irresponsable en 2017, provocaron. Los mismos que apuestan por una “confrontación inteligente”, y que controlan más que nunca el gobierno autonómico, piden que vuelvan empresas que se fueron temerosas de la inseguridad jurídica provocada por la confrontación de 2017, que entre otros fenómenos generó una fuga de depósitos bancarios. Pese a que desde el principio los dirigentes independentistas minimizaron el problema o culparon a otros, como dijo Mas-Colell (recientemente; por desgracia, no cuando se produjo), la fuga de empresas hizo mucho daño, y los líderes independentistas radicales que controlan el “procés” siguen sin reconocer la gravedad del problema y su responsabilidad en él (“allá ellos”, dijo Puigdemont a finales de julio de este año). Posteriormente, el vicepresidente catalán Pere Aragonès ha pedido una rápida salida del Estado de la propiedad de Bankia o la empresa fusionada, para “evitar interferencias políticas”. Sin embargo, está claro que la presencia se mantendrá por el tiempo que sea necesario, precisamente para proteger los intereses de los contribuyentes, como ha explicado la vicepresidenta Calviño. Ojalá los dirigentes independentistas mostraran este celo sobrevenido por la división de poderes y la interferencia política en tantas otras cuestiones. Los sectores independentistas más radicales, parapetados en la Cámara de Comercio de Barcelona, se han mostrado contrarios a una fusión que tiene el potencial de reforzar a la principal institución financiera que opera en Cataluña.
Vamos hacia un sistema financiero, y una economía, más integrados e interdependientes. Algunos de los que decían que lo que era irreversible era la independencia, o que como muy tarde ocurriría en la siguiente generación, quizás vayan recapacitando a la luz de este anuncio de fusión (que daría lugar a una entidad reflejo de la pluralidad de España) y de la aprobación de los fondos Next Generation EU. Y vayan viendo que lo que es irreversible es la interdependencia y la integración de la economía catalana (y por lo tanto, el gobierno de la economía) en una España plural y una Europa unida en un proceso federalizante (este es el “proceso” de la realidad de verdad, no la paralela). Necesitamos proyectos de envergadura y cooperativos. La idea nacionalista de “nosotros solos” va contra el espíritu europeo y contra las necesidades de responder a retos globales. Como han dicho prestigiosos profesores de Esade, estamos ante una operación de Estado que nos puede hacer más fuertes en Europa.
A la espera de que en las próximas semanas y meses se confirme la fusión, si esta se consolida paradójicamente ya no podrá hablarse del fracaso en general de las cajas de ahorros, si el núcleo propietario de una de ellas acaba impulsando la renovación del sistema bancario español. Será el triunfo de un capitalismo híbrido, con un rol importante de la propiedad pública (por lo menos, temporalmente) y de una fundación sin ánimo de lucro, que será la principal propietaria de la entidad fusionada. Cabrá exigir a la institución resultante que muestre la sinceridad de quienes han venido haciendo autocrítica del capitalismo, así como un compromiso reforzado por la responsabilidad social corporativa, la equidad y la protección del medio ambiente.
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