La fase de recuperación requerirá ambiciosas políticas estabilizadoras fiscal y monetaria por el lado de la demanda. Todo el arsenal disponible de mecanismos debe ponerse al servicio de la recuperación económica, con apoyo de los instrumentos que se acuerden en la Unión Europeo, en la fase de lucha contra la crisis y de reconstrucción.
Estas políticas requieren en España un esfuerzo negociador del alcance de los pactos de la Moncloa en 1977, hoy necesariamente acompañados por acuerdos en el nivel europeo, que es donde reside la política monetaria y buena parte de los potenciales instrumentos fiscales. Pero también es necesario que esas políticas fiscales y monetarias, que ese esfuerzo de apoyo a la economía que se hace desde el conjunto de Europa y España, se complemente en Cataluña, y en otros territorios con soberanía sobre fragmentos significativos del estado, con acuerdos sociales y políticos de amplio alcance, que dejen atrás la etapa de división de los últimos años. La diferencia entre la España de 1977 y la de 2020 es que hoy España ha cedido la soberanía monetaria (entre otras) y es hoy un país descentralizado, por lo menos cuasi-federal.
También hay que desarrollar políticas de oferta, porque se necesitarán niveles de coordinación que hagan posible reemprender la actividad durante un tiempo minimizando el riesgo de caer en una segunda oleada de contagios. Para ellos habrá que articular mecanismos de colaboración entre sector público y privado, y mecanismos de concertación social, que prioricen la incorporación al trabajo de personas con un riesgo mínimo de transmitir la enfermedad. Hará falta una reorganización rápida y ágil basada en la digitalización de gran parte de las actividades. Será una ocasión histórica para una gran inversión en capital fijo tecnológico y en un empuje titánico de las tecnologías logísticas de compraventa a distancia y de teletrabajo. Las nuevas tecnologías deben llegar aceleradamente también a sectores hasta ahora tradicionales.
El impulso a la actividad deberá aprovecharse para acelerar el "Green new deal" y la transición digital, participando en un plan europeo de reconstrucción que no deje nadie atrás. Deberá priorizarse una política industrial, con dimensiones europea, española y catalana, para estimular con la máxima eficacia el crecimiento económico a través de la innovación y la creación de empleos de calidad, centrada en sectores de actividad que faciliten una economía y un Estado del Bienestar más resiliente en el medio y largo plazo.
La desigualdad había aumentado ya en las últimas décadas y a raíz de la crisis financiera de 2008-10. La crisis actual afecta más gravemente a los sectores más vulnerables, que ven amenazados sus ingresos y su trabajo. La crisis actual hace imprescindible reforzar el estado del bienestar y, aparte de los esfuerzos iniciales focalizados a mantener la liquidez de empresas y familias, y los puestos de trabajo, es necesario ampliar los mecanismos de ingreso mínimo vital, que para ser eficaces también requieren de grandes acuerdos sociales y entre distintos niveles de la administración.
Va a ser necesario aumentar la
escala de las políticas redistributivas y predistributivas, buscando la
colaboración de los sectores empresariales más lúcidos que desean reformar en
profundidad el capitalismo. Un elemento crucial de las
políticas de igualdad social, del nuevo Contrato Social federal que necesitamos, será la inversión en educación a todos los niveles,
para corregir los preocupantes niveles de segregación.
No todo es mercado y estado. La crisis también ha puesto de
manifiesto el enorme potencial de la solidaridad y cooperación entre seres
humanos. Es necesario poner en valor y potenciar la capacidad de la acción
comunitaria. Sin la promoción de valores cooperativos y altruistas, sin normas sociales cooperativas, no seremos capaces
de hacer sostenibles las políticas redistributivas, predistributivas y
medioambientales que son necesarias para una reconstrucción que no sea volver al "business as usual".
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