domingo, 19 de octubre de 2014

Por un "marco legal estable" europeo en electricidad

El otro día participé en Barcelona en un debate con Jorge Fabra y Joan Batalla sobre la tarifa eléctrica, organizado por la Asociación de Amigos de la UAB. Lancé una idea que no sé si alguien más recogerá, y que resumo a continuación. En los años 1980 en España se creó el "Marco Legal Estable" para frenar la crisis financiera que afectaba a las grandes empresas eléctricas. En el pasado más reciente, la UE hasta ahora ha dado demasiada discreción a los Estados miembro en electricidad (en comparación por ejemplo con telecomunicaciones), pese a los tres paquetes de directivas aprobados. Dados los inmensos retos de reformar un sector resolviendo al mismo tiempo cuestiones de eficiencia (asignativa y energética), problemas distributivos, retos medioambientales, e incentivos a la inversión, tratándose de sectores muy politizados, es dudoso que los estados-miembro de la UE individualmente puedan resolver satisfactoriamente los dilemas que se plantean. Además, hay externalidades inter-territoriales relevantes (interconexiones, compensación de shocks, cuestiones geo-estratégicas, cambio climático, etc) que hasta ahora no han sido abordadas con suficiente ambición.
A finales del siglo XIX, en Estados Unidos el locus esencial de la regulación en industrias de red pasó de los municipios a los estados por razones políticas (en la actualidad está pasando de los estados al nivel federal), porque la politización municipal hacía inviable la inversión y la solución conjunta de varios problemas: es un ejemplo de que estas razones pueden ser un incentivo poderoso para trasladar la soberanía regulatoria a un nivel superior, que aunque no sea una panacea sea más eficaz a la hora de atender al interés general en la solución de dilemas complejos.
Una reforma razonable a nivel europeo debería trasladar más soberanía al nivel federal, y favorecer la entrada de nuevos competidores. Debería aspirar a una mayor integración y armonización continental, y comprometerse en objetivos de sostenibilidad financiera y medioambiental, tras un debate que debería ser largo, democrático y transparente. Hay que crear un nuevo “marco legal estable”, pero esta vez a nivel europeo.

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