Un interesante artículo de Gerard Llobet en el blog de Fedea
ha suscitado un interesante debate on line sobre la independencia de los
reguladores sectoriales. Como el Prof. Llobet cita dos trabajos míos (uno con
Montoya, otro con Gual) como apoyo a su tesis de la bondad de la independencia
de los reguladores, creo que es oportuno que matice mi posición, por otro lado
embrionariamente resumida en un artículo más reciente que los que cita Llobet, y en una presentación todavía más reciente.
En comparación con mis trabajos de hace unos años, aunque
creo que sin entrar en contradicción con ellos, en la actualidad soy más
escéptico sobre las ventajas de un regulador independiente. Creo que la
institución presenta problemas serios de coordinación con el resto del
gobierno, puede presentar problemas de captura, y difícilmente es una
institución estable, como ilustra no sólo los problemas de los reguladores en
España, sino también en Dinamarca recientemente, por no citar la gran
inestabilidad de los reguladores en América Latina, que ya mencionaba en mis
trabajos citados por Gerard Llobet. En general, la independencia no soluciona
el problema de compromiso que se presenta en presencia de inversiones
específicas, sino que lo desplaza un peldaño más arriba, y lo convierte en el
problema del gobierno de respetar la independencia del regulador (algo que a
menudo acaba no produciéndose). Los expertos independientes deben ser un input
importante en las políticas públicas, pero también están sujetos a sesgos y
limitaciones, como hemos visto con la crisis financiera.
Por supuesto, mi reflexión no tiene nada que ver con la
decisión del gobierno del PP. El anuncio del Ministro de Economía del PP y
antiguo miembro del Consejo de Administración de Endesa, Sr. De Guindos, de
fusionar entes regulatorios y reducir su independencia, siguiendo los dictados
de un informe de consultoría encargado por Telefónica, es un ejemplo de libro
de texto oportunismo político y de captura de los responsables públicos.
Creo que la forma correcta de proceder hubiera sido encargar
un libro blanco donde expertos, pero también cualquier parte interesada,
hubiera podido hacer propuestas de mejora. Yo mismo habría presentado mis
modestas reflexiones, basadas en años de investigación.
Los problemas de España no se solucionan generando más
independencia de los organismos públicos sino cambiando la forma de hacer
política. No hay atajos: la solución (casi imposible) pasa por practicar la
acción colectiva y reformar los partidos políticos o crear uno nuevo si no se
considera ello posible con alguno de los existentes. Tengo la sensación que los
economistas demasiado a menudo hacen propuestas desde el sillón de su casa
esperando que les nombren para solucionar los problemas, como dijo hace poco mi colega Pedro Alas.
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