En el artículo que publiqué en La Vanguardia sobre los costes económicos del populismo (basado en el trabajo de Funke y coautores) partí de esta definición: el populismo se caracterizaría por combinar una ideología muy delgada capaz de cubrir fuerzas políticas muy dispares, con el uso de una retórica basada en el “nosotros” (“el pueblo” definido de forma a la vez homogénea y exclusivista, negando el pluralismo) contra “ellos” (unas supuestas “élites”, ya sean políticas o económicas, culpables de todo, aunque ello esconda muchas veces un enfrentamiento entre élites, o estrategias de distracción por parte de un sector dominante).
Los ejemplos que dí no dejaron satisfechos a todo el mundo,
no porque no fueran acertados, sino por los que se supone que omitía. No me
convence centrarse en lo que NO dice un artículo, pero por supuesto pienso que
muchos otros casos que no mencioné encajan en la definición, y en otras
definiciones de populismo, como el caso venezolano, argentino y otros. El
estudio mencionado sólo habla de gobiernos nacionales, pero por supuesto que el
“procesismo” catalán encaja con la definición, con las patologías, y con los
costes económicos.
La vía institucional que proclamaron algunos economistas
para justificar la independencia catalana (una oportunidad para construir instituciones virtuosas) ha saltado por los aires por lo que
explica el artículo: porque precisamente un mecanismo por el que se produce un
gran coste económico es el desgaste de las instituciones que propician los
independentistas y los populistas en general. Piénsese en los eventos de octubre de 2017, las leyes de desconexión que pretendieron legitimarlos, o el fantasmagórico Consejo de la República (más bien la Re-Privada).
El federalismo, digo en el artículo, es en este sentido, un
arma de doble filo: otros
gobiernos protegen de las derivas populistas de uno de ellos, pero esa
protección actúa como seguro, como garantía de que otros acabarán saliendo al
rescate. Pero no hay otra que avanzar en el gobierno multinivel, porque los
problemas de nuestras sociedades son interdependientes.
Y las distintas dimensiones del conflicto político no son
independientes, como explican Piketty y sus coautores en su último libro. Uno
no se puede reclamar de izquierdas en una dimensión, y apoyar en supuestamente
otra dimensión independiente, la secesión de una región rica de un marco de
solidaridad más amplio. Ese no es precisamente un proyecto de izquierdas.
Mucha de la gente que apoya a la llamada izquierda
soberanista sostiene genuinamente valores de izquierda, pero a menudo acaba
haciendo el juego al nacionalpopulismo más reaccionario. No me refiero sólo al
apoyo a un referéndum de autodeterminación, algo que no contempla casi ninguna
democracia con Constitución escrita (ciertamente ninguna de la UE; y que por
tanto no es algo que se pueda simplemente acordar con un gobierno), porque
genera división e inestabilidad, y no es más democrático pero sí más
problemático que la ratificación de acuerdos ampliamente compartidos, como fue
en su día el caso de la Constitución Española o los Acuerdos de Viernes Santo
en Irlanda del Norte.
Creen algunos incorrectamente, a mi modo de ver, que sus
objetivos de justicia social se pueden hacer realidad en un entorno de
comunidades que no compartan su soberanía con las comunidades vecinas, y en
cierto grado con todo el mundo. Se vio claramente con el presupuesto que los Comunes
les aprobaron a Aragonès y Torra, que hacía ver que subía impuestos; la
pandemia lo convirtió en papel mojado, pero cualquier otra cosa lo hubiera
convertido en papel mojado, porque no se puede elevar significativamente la
recaudación fiscal sin acuerdos federales. Por eso es imposible la renta básica
universal e incondicional de la CUP sin un marco federal (nunca pasaría de proyecto piloto; en lugar de la vía menos espectacular y
más realista de mejorar el Ingreso Mínimo Vital y las rentas garantizadas
autonómicas, coordinándolas); y por eso Biden y Yellen quieren financiar su
plan de infraestructuras con un acuerdo global para fijar un mínimo del
impuesto de sociedades. En la medida en que la izquierda federalista no podamos formar una mayoría sólo con nuestras fuerzas, estamos obligados a dialogar y a
buscar acuerdos si es posible y en su momento, con aquellos que creen que una
izquierda soberanista es posible. Pero también estamos obligados a convencerles
de que están equivocados.
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