El gobierno del PP y la regulación independiente

Sorprendentemente el gobierno del PP se ha alineado con la izquierda radical al considerar que los organismos reguladores independientes son antidemocráticos. Lo ha descubierto el periodista del diario El País Claudi Pérez hurgando en los argumentos escritos que el gobierno español ha presentado ante requerimientos de la Comisión Europea. Una vez más, las autoridades de la UE han tenido que tirar de las orejas a nuestros ministros (tan supuestamente liberales y europeístas) en cuestiones relacionadas con nuestras industrias de red o con la política de defensa de la competencia. Es por esto que en la crónica de Claudi Pérez un economista de la UAB bien conocido por los lectores de este blog, dice que “El Gobierno ha dado sobradas muestras de no creer en los reguladores independientes. Lo mejor que ha hecho la Comisión por España es ser una especie de policía en telecomunicaciones, energía y competencia; cabe esperar que en este contencioso se ponga de nuevo de parte del regulador”. Seguramente se le preguntó por haber escrito esto y esto, entre otras piezas. Como comentario de la noticia, Xavier Vidal-Folch aclara con razón que la independencia de los reguladores no es una verdad absoluta, sino que hay que buscar el nivel y la forma óptimas de intervención pública, que no siempre pasa por la intervención ministerial. Los reguladores relativamente independientes del gobierno se justifican por la necesidad de tomar decisiones al margen del ciclo político y de las oscilaciones a corto plazo de la opinión pública, y por la necesidad de reclutar expertos en industrias relativamente complejas. El Partido Popular sólo ha mostrado entender esto cuando Aznar gobernó sin mayoría absoluta y creó la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT), que después otro gobierno del PP desmanteló, después de que el gobierno socialista tomara la decisión federalista de ubicar su sede en Barcelona. Todo lo demás ha sido un desastre. Nuestra suerte ha sido exactamente la labor de monitorización de la Comisión, que ha impedido males mayores, y nuestra sujeción a la soberanía comunitaria en cuestiones de telecomunicaciones, energía y defensa de la competencia. Que la independencia no es una verdad absoluta lo demuestra precisamente el carácter no independiente, sino político, de la Comisión. Pero con opiniones públicas y sistemas de grupos de presión nacionales, la mejor combinación es la supervisión del nivel europeo con una regulación efectiva (independiente de los gobiernos) en los estados-miembro. No es verdad que el gobierno quiera hacer política energética con las decisiones de regulación. Lo que quiere hacer son favores. Una vez más, gracias Europa.