Políticas sociales multi-nivel basadas en evidencia. Sobre el Taller del Ministro Escrivá

Como dijo Miquel Iceta en la clausura del Taller Económico on line sobre evaluación de políticas públicas (cuyo vídeo completo puede verse aquí), en presencia del Ministro José L. Escrivá, éste ha venido a cambiar cosas y a romper inercias. Si alguien no ha visto todavía el vídeo, que no se lo pierda porque realmente vale la pena.

En su intervención, una auténtica lección llena de pasión, experiencia y conocimientos, Escrivá partió de la escasa experiencia de España con la evaluación de políticas públicas. Algunas instituciones existentes, como los tribunales de cuentas o la intervención del Estado, realizan un control formal, pero no realizan una evaluación del impacto de las políticas públicas sobre el bienestar de la ciudadanía. Con los mecanismos existentes, es difícil romper inercias y salirse de las reducciones lineales del gasto cuando hay necesidades de ajustes. La aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), fruto de un análisis que venía desarrollándose desde hacía tiempo, y que se aceleró con la pandemia de la COVID-19, ha supuesto una inyección de práctica sistemática de evaluación basada en evidencia, que ha situado los estándares al respecto a un nivel muy alto. El haber acompañado la aprobación del IMV de un proceso de evaluación y de transparencia abrazando el debate con todo tipo de personas expertas, ha facilitado que la medida fuese aprobada con un elevadísimo consenso, y con un aplauso que iba desde Pablo Iglesias al Fondo Monetario Internacional.

Escrivá explicó que no era casual que la evaluación basada en evidencia se desarrollase más en administraciones progresistas, como las de Obama ("show me the evidence", muéstrame la evidencia, solía decir) o Blair, ya que son este tipo de gobiernos los que están más interesados en elevar el prestigio de la acción del estado en la economía, y reforzar unas políticas sociales eficientes y bien dotadas. 

El ministro explicó que es imprescindible que todos los niveles de la administración practiquen la evaluación de políticas públicas, que hoy es más posible que nunca por los avances metodológicos (como los ensayos aleatorios controlados o randomized control trials, RCTs) y los avances tecnológicos que permiten el tratamiento de fuentes de Big Data como los datos administrativos o datos de interacciones sociales. Un estado federal moderno debe basarse en compartir datos, en poder experimentar para adoptar aquellas prácticas que se hayan probado primero en pequeña escala. En este sentido, Escrivá se mostró dispuesto a que las Comunidades Autónomas gestionen el IMV si aceptan algunas condiciones para hacer uso de fondos de los presupuestos del Estado, como por ejemplo que ellas mismas colaboren con los ayuntamientos.

A lo largo del debate, animado por una fila cero con Laia Bonet, Ana Berenguer y Aleix Calveras, se abordaron cuestiones institucionales como quien debía encargarse de la evaluación, si órganos externos, internos, independientes, funcionariales, académicos. Escrivá reconoció que con el IMV fue crucial el dramatismo del momento y el apoyo del presidente del gobierno para movilizar todo el esfuerzo de recopilación de datos cruzando fuentes de distintas agencias del Estado. Explicó que en su opinión los académicos conocen el estado del arte, pero a veces realizan afirmaciones poco "aterrizadas" y no tienen en cuenta a menudo las restricciones de economía política. Por su lado, los académicos "se ofrecen" para realizar evaluaciones, pero exigen disponer de forma transparente de todos los daos necesarios, a lo cual hasta ahora la administración no siempre ha estado dispuesta. Las Consultorías externas pueden tener un rol en la realización de trabajos rutinarios asociados a la evaluación, pero no disponen de los incentivos para realizar un análisis profundo de las situaciones. En su opinión, son necesarios expertos multidisciplinares en evaluación en la administración, con estadísticos, economistas, sociólogos, politólogos...

La evaluación interna tiene límites, puesto que uno debe aceptar ser evaluado por otros, pero hacen falta agentes internos a los gobiernos que sean sensibles a la evaluación externa (por ejemplo de instituciones como la AIREF, que Escrivá dirigió antes de ser ministro), y sean capaces de reaccionar ante ésta, acompañando la evaluación ex ante de una evaluación ex post y facilitando la comunicación de los resultados de la evaluación.

La calidad institucional es clave, pero esta es endógena, no basta con simplemente tratar de inyectarla. En España, parece que ha hecho falta una concatenación de sucesos contingentes para que por fin empecemos a tener en cuenta la evaluación de políticas públicas basada en evidencia de una manera sistemática: una política pública concreta que había sido estudiada por la AIREF y los partidos en el gobierno, una gran crisis, un ministro sensible que venía de una institución que había estudiado el tema... No deja de ser paradójico que para que la evaluación reciba impulso, el responsable de la autoridad independiente tenga que irse a trabajar a la institución evaluada (en este caso el gobierno), en un curioso, y hasta ahora no destacado por nadie, ejercicio de puertas giratorias internas al sector público. Probablemente, ello ilustre que no basta con organismos independientes despolitizados, aunque estos pueden ser un input crucial, sino que es necesario un impulso político para que se abran paso iniciativas que rompen inercias y que no siempre son del agrado de grupos de presión (en mi perfil de Google Académico se pueden encontrar algunos artículos que he escrito sobre la regulación independiente). 

La evaluación no es neo-liberal, explicó brillantemente Escrivá: puede implicar recortar algún gasto, pero también mantenerlo o ampliarlo, como ha ocurrido con las becas universitarias. Por eso la evaluación es más importante que nunca con la actual pandemia, por las dificultades económicas combinadas con las urgentes necesidades sociales, que obligan a priorizar y direccionar bien el gasto público.

La charla fue muy oportuna especialmente por el momento que se vive en Cataluña, donde la coincidencia de la pandemia con el período pre-electoral, pone de manifiesto la importancia del buen gobierno en las importantísimas competencias autonómicas, como señaló Eva Granados al final del evento. Un rol reforzado y modernizado de la agencia Ivàlua, así como un análisis en profundidad de todo el gasto autonómico, serán necesarios para romper inercias de 40 años de una administración que tiene excesivos componentes clientelares y dedicados a prioridades que no son de tipo social, para liberar recursos priorizando el gasto sanitario y educativo, o la reindustrialización digital y ecológica. El reto de aprovechar la oportunidad histórica de los fondos Next Generation de la Unión Europea también nos obligará a aumentar mucho los estándares evaluativos.

(J.L. Escrivá basó su presentación en un Power point que no mostró, pero quien esté interesado-a se puede dirigir a mi por email o twitter y se lo puedo hacer llegar).

Federación, confederación y nacional-populismo

La aprobación del Fondo Next Generation EU por parte de los líderes europeos supone según la mayoría de expertos un paso adelante en la dirección de una Europa federal. El término se ha abierto paso no sólo entre expertos y partidarios del federalismo, sino en medios de comunicación convencionales serios, como El Pais o el Financial Times. Por eso sigue siendo un poco raro que el presidente del gobierno español siga siendo reacio al uso de la palabra federal o sus derivados, cuando él, como el personaje de Molière con la prosa, ha estado empujando con más fuerza que nadie por una Europa federal. El gran derrotado de la reunión europea es el confederalismo, la idea de que unas naciones pueden vetar a otras, y de que no va a haber mutualización ni asunción colectiva de retos creando instancias, como ya se han creado, que no dependen directamente de los gobiernos nacionales. La victoria del federalismo sobre el confederalismo en Europa la ha explicado muy bien Xavier Vidal-Folch. La lección vale también para quienes en España siguen creando confusión haciendo llamadas a una España federal o confederal, como si fuera lo mismo, como ha hecho alguna vez Íñigo Errejón y otros planetas más o menos salidos de la órbita de Podemos. Si fuera lo mismo, no se hubiera producido la Guerra Civil en Estados Unidos en el siglo XIX.
La federación es más democrática que la confederación, porque crea instancias de poder en distintos niveles, en este caso el europeo, que son controladas directamente por los ciudadanos, como el Parlamento europeo, y donde hay distintos niveles con poder y capacidad financiera de iniciativa. A partir de ahora, como se dijo esta semana, no sólo habrá un Banco Central federal, un Tribunal de Justicia y un Parlamento federal, sino que también habrá una política fiscal federal, una deuda federal, y se abre la puerta inevitablemente hacia unos impuestos federales en Europa. Quienes llevamos años abogando por una Europa federal como respuesta y alternativa a los soberanismos, hemos sido tratados con cierta condescendencia e incomprensión por parte de soberanistas catalanes y españoles. Creo que esta condescendencia va a desaparecer a partir de ahora. La federación europea va en serio.
Por supuesto, la federación ideal seguirá siendo un camino a recorrer, en España y en Europa. Falta mucho para tener un presupuesto europeo comparable al presupuesto federal de los Estados Unidos. Falta mucho para que el Parlamento Europeo le pueda hacer una moción de censura a la Presidencia de la Comisión, y falta mucho para que toda la ciudadanía europea pueda elegir directamente a la Presidencia de la Unión. Pero esta semana nos hemos acercado. Y no hay otro camino si queremos progresar, abordar las desigualdades o el cambio climático. Delante vamos a tener a los nacional-populistas, a quienes se oponen a la división de poderes, a los que se oponen a las sociedades diversas y abiertas, descritos magistralmente en los libros de Josep Burgaya sobre los tonos peronistas del independentismo catalán y por Adolf Tobeña en su libro sobre cómo los populistas sacan partido de las proclividades psico-biológicas del cerebro y el sistema hormonal humano. Los nacional-populistas van a intentar frenar el federalismo o, si ya es demasiado tarde, van a tratar de aprovecharse de él, o de alguno de sus poderes, para ir contra otros y erosionar la democracia federal, como hacen Trump, Bolsonaro, Salvini, o la pareja Torra-Puigdemont. A todos ellos les molesta lo que ocurrió esta semana en Europa. Hubieran preferido un colapso. Federalismo en Europa o barbarie en el mundo.

Cinc anys de política econòmica catalana en mans d'ERC

Com que es veu que ahir el màxim dirigent d'ERC no va mostrar cap autocrítica respecte a la seva actuació i la del seu partit durant els últims anys, és d'esperar que si segueixen governant, seguiran fent el mateix que han estat fent. I seguiran entre altres coses fent servir un llenguatge del "Far West", impropi de la gent de pau i amor que diuen ser. Els qui no fem servir aquest llenguatge som precisament els qui no només aguantem la mirada, sinó que dialoguem i pactem quan fa falta, amb els qui el fan servir (i paguem un preu per fer-ho, encara que de nit ens facin pintades intimidatòries i amenaçants a les nostres seus i domicilis).
Un dels terrenys sobre els quals més convé fer l'exercici de què ens espera si ERC segueix tenint responsabilitats, és el de la política econòmica, donat el període especialment greu al qual ens enfrontem. El partit de Junqueras i Aragonès, no només és co-responsable de totes les polítiques dels governs de la Generalitat encapçalats per líders provinents de Convergència i la dreta catalana des de 2012 (en què els hi van donar suport a canvi d'un full de ruta desestabilitzador), sinó que és responsable directe de la política econòmica i del Departament d'Economia des de 2015. Ja fa cinc anys, que en política econòmica són molts anys, pel que es pot fer i pel que es pot deixar de fer. No estem parlant d'uns mesos, ni d'una influència marginal.
En aquests cinc anys, l'economia catalana ha perdut pes relatiu en relació a la resta de l'economia espanyola i les seves comunitats més riques. Els responsables econòmics de la Generalitat, dirigents d'ERC, han estat impotents per frenar la pèrdua d'inversions i projectes, com els de Tesla o l'Agència Europea del Medicament. Han vist amb passivitat, marginant la política industrial, com Nissan posava en perill milers de llocs de treball. Mentre dedicaven el Departament d'Economia a fer de locomotora d'una independència fictícia, van veure com milers d'empreses (entre elles, els nostres dos principals bancs) traslladaven la seu social fora de Catalunya, i no han fet res perquè tornessin. En els moments àlgids del procés, on els dirigents d'ERC eren els qui més posaven el turbo i desafiaven els qui tenien dubtes, van sortir de Catalunya més de 30.000 milions d'euros en dipòsits, una xifra no massa allunyada del volum d'euros que fa anar la poderosíssima administració catalana en els seus pressupostos.
La majoria d'aquests 5 anys, Catalunya ha estat per cert sense uns pressupostos actualitzats, malgrat que el govern sí que tenia majoria per desafiar l'estat de dret i seguir generant inseguretat jurídica. Els darrers pressupostos que s'han aprovat, ja en ple 2020, que han buscat el suport dels Comuns en comptes de buscar un suport més ampli amb forces que puguin donar més estabilitat, han quedat immediatament desfassats per la pandèmia. De totes maneres, malgrat l'embolcall, no tenien grans novetats, perquè no buscaven fer el que es necessita, que és un autèntic pressupost de base zero que posi en qüestió les inèrcies d'una administració construïda en els temps del Pujolisme clintelar (i avui sabem, si és que no ho sabíem, presumptament criminal), i permeti generar marges per abordar les emergències socials. Els petits augments impositius, que un amic meu hisendista qualifica de la srta Peppis, no abordaven una reforma fiscal global, que només pot tenir sentit en el marc d'un nou sistema de finançament autonòmic federal que freni la competència fiscal, nou sistema que els dirigents d'ERC s'han negat a negociar.
Mentrestant, quan volen donar imatge de modernitat encorbatada però progressista, els dirigents d'ERC ens parlen de creixement inclusiu i de prosperitat compartida, malgrat que fan servir, fins i tot amb propaganda institucional pagada per tothom, els mateixos arguments insolidaris, i desqualificats pels experts i pel mateix ex-conseller Mas-Colell, de l'"Espanya ens roba". Són els mateixos arguments que feia servir Jordi Pujol, i que Ernest Lluch va qualificar d'"amonal ideològic". Els projectes de creixement inclusiu i prosperitat compartida no només requereixen bones intencions  i paraules, sinó que requereixen aliats, credibilitat, seguretat jurídica, tot allò que ERC ha estat incapaç d'aportar a la política econòmica els darrers 5 anys.
Els pocs aliats que tenen en el món econòmic contradiuen el missatge de creixement inclusiu i prosperitat compartida. Per exemple, el Sr. Canadell, el seu aliat a la Cambra de Comerç, i a qui el govern català recolza amb totes les seves forces, es va alegrar que la ministra esanyola Calviño, amb el suport de França i Alemanya, perdés la votació per ser la presidenta de l'Eurogrup, i en canvi va aplaudir, i va dir que era bo per Catalunya, que esdevingués president el ministre d'un país que té com a prioritat promoure la competència fiscal, i per tant la reducció de recursos fiscals per desenvolupar polítiques ambicioses en el marc d'una Europa federal.
És molt difícil fer una bona gestió econòmica (igual, ja ho estem veient, que una bona gestió sanitària), quan s'abracen les idees i les tàctiques del nacional-populisme, i les prioritats reals no són les polítiques que ajuden a promoure el progrés econòmic i la justícia social.

Amonal ideològic

En un article publicat al diari La Vanguardia el 13 d'agost de 1992, dos dies després de la finalització dels Jocs Olímpics de Barcelona, i tres dies després que Catalunya celebrés la medalla d'or d'Espanya en el campionat olímpic de futbol amb una selecció plena de jugadors catalans (entre altres, Guardiola), Ernest Lluch va escriure un article titulat "¿Cataluña expoliada?".

En aquest article, Lluch rebatia unes delcaracions de Jordi Pujol, avui investigat per organització criminal, on aquest deia que Catalunya no havia d'agrair res de les substancials inversions del govern espanyol en els jocs, perquè amb els impostos que paga Catalunya, aquesta podria celebrar uns Jocs "cada any". Com en els debats actuals, qui va ser ministre socialista de Sanitat als anys 1980, replicava que això seria veritat (analitzant dades d'una economista que encara avui és experta en aquestes qüestions, Montse Colldeforns) només si es comptabilitza l'anomenat "dèficit fiscal" pel mètode incorrecte de no tenir en compte la despesa de l'Estat en béns públics no territorialitzats  d'abast general que beneficien els catalans, com la diplomàcia, l'exèrcit i altres de dimensió substancial. Si això es té en compte, el dèficit fiscal existeix, com és lògic en una regió relativament més rica que la mitjana, però és aproximadament i en promig el que pertocaria (com va dir més recentment Mas-Colell, si paguem per renda i rebem per població). Afegeix Ernest Lluch en l'article, que aquest dèficit fiscal és la contrapartida d'un superàvit comercial de grandària encara més gran entre Catalunya i la resta d'Espanya.
En l'actualitat, aquest debat es barreja amb el d'un sistema de finançament autonòmic (una part de l'estat), que en aquella època encara estava menys desenvolupat, i on per exemple Catalunya no rebia un 50% de la recaptació de l'impost de la renda com rep ara. El sistema de finançament autonòmic, però, és una qüestió diferent del dèficit fiscal, que computa tots els ingressos i despeses públiques que afecten un territori. L'exageració d'aquest dèficit per part del nacionalisme català ja era un disbarat rendible al 1992, i ho segueix sent avui. El sistema de finançament autonòmic, per altra banda, és quelcom a millorar, per a totes les comunitats, i exigeix un paper negociador per part del govern català, del qual aquest ha abdicat en els darrers anys.
L'argument de la necessitat de veure el dèficit fiscal com a contrapartida del superàvit comercial dels territoris rics, brandat per Lluch en 1992, és el mateix que es fa servir avui per contrarrestar els governs de països que s'oposen a les transferències a països europeus que en tenen necessitat, quan aquests països que s'oposen són els que més es beneficien del mercat únic europeu.
L'article de Lluch té un paràgraf final força impactant, que val la pena traduïr en part (a la foto, l'article sencer), donat que de vegades quan alertem del risc de violència que acompanya a tot nacionalisme, es diu que exagerem. Donat qui va escriure aquest paràgraf, suposo que, tristament, no es pot parlar d'exageració: "Coneguda és la meva posició que el nacionalisme a Catalunya ha estat bàsicament democràtic. I ho dic de la manera més positiva i alegre d'aquest món. Però també he significat que la queixa continuada es pot anar transformant en amonal ideològic. Tots els terrorismes són nacionalistes o marxistes-leninistes (…). Aconseguir que els pobles, i en aquest cas em refereixo als pobles d'Espanya, tinguin les seves tensions, però sense que es desbordin per la ignorància i la passió, és una gran prenda de pau i de progrés".

Lecciones de una política industrial que sí existió

Ayer, preparando mi participación en el debate de presentación del número de la revista Política & Prosa sobre la burbuja del fútbol, releí por encima mi libro de hace un par de años, "Pan y Fútbol", y vi que hablaba de la política industrial del fútbol del presidente chino Xi, obsesionado en hacer de su país una gran potencia futbolística. Pocas horas antes mi busto parlante había aparecido brevemente en el telediario de TVE para afirmar que la victoria de España en el Mundial de Sudáfrica (de la que se cumplen 10 años), había sido la culminación de una "apuesta" de España por el deporte, y había permitido que el fútbol español superara la gran crisis económica y financiera global sin ningún rasguño. En realidad, emergió de la crisis más fuerte de lo que entró. Por supuesto, la "apuesta" reforzó un hecho que debe tener un fuerte componente aleatorio, que es la irrupción de la mejor generación de jugadores de fútbol de la historia, muchos de ellos del Barça. Los grandes éxitos del Barça y de la selección española tuvieron lugar precisamente durante los años de la crisis, entre la victoria en la Eurocopa con Luis Aragonés en 2008 y el inicio del declive tras la victoria en la siguiente Eurocopa en 2012. La actual crisis, la de la COVID-19, será distinta: difícilmente un gol de Iniesta va a impedir que el fútbol, esta vez sí, sufra las duras consecuencias de una crisis económica.
Entonces, preparando mi participación en el debate, me di cuenta de que si se podía aplicar el concepto de "política industrial" para el caso chino (en ese caso, una política industrial fracasada de momento), también se podía aplicar para el caso español. En efecto, desde los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992 se había producido una notable inversión de recursos públicos y privados en el deporte, dando lugar a los mejores años del deporte español, en baloncesto, tenis, ciclismo, fútbol y otros deportes. Se podría decir que este éxito refleja el desarrollo de España, y que ese era el lugar que "nos tocaba". Sin embargo, otros países con igual o superior nivel económico, no han tenido los éxitos deportivos de España. Una de las razones es que España "apostó" por ellos, es decir, se llevaron a cabo políticas de apoyo económico, como el Plan ADO, o como la Ley Beckham, un privilegio fiscal para los deportistas extranjeros que estuvo vigente por unos años desde 2004 y hasta que las autoridades europeas presionaron para que dejara de operar como instrumento de competencia fiscal. Pero la política industrial no se detuvo ahí, también se produjo la implicación del gobierno español y de gobiernos autonómicos en la promoción de proyectos televisivos dedicados al fútbol. En algunos casos, los mismos que proclamaban que "la mejor política industrial es la que no existe", se dedicaban a promover una clara política industrial de apoyo al deporte y su entramado mediático, y en concreto al fútbol y a sus "campeones nacionales".
Seguramente hace falta más perspectiva y reflexión para aprovechar todas las lecciones de esta política industrial, que no sólo ha permitido al Barça y al R. Madrid ganar grandes trofeos, sino también reforzar la Liga de fútbol, e incluso exportar talento y cultura futbolística, beneficiando a otras ligas y al conjunto del fútbol europeo (que quizás no tendrá más remedio que consolidarse en una superliga y redistribuir sus frutos si quiere superar la crisis actual).
Una lección es que en España esa política industrial "funcionó" y no en China, porque en España había ya unas semillas, una historia, una cultura, que no se pueden improvisar.
Una segunda lección es que "funcionar" no implica necesariamente que sea lo mejor para la sociedad. Los campeones nacionales ganaron y ahí siguen, ahora sí con algún rasguño, pero la sociedad experimentó un coste de oportunidad, porque los recursos se podían haber dedicado a proyectos con un mayor rendimiento social.
Una tercera lección que se me ocurre es que la política industrial puede tener efectos sobre dimensiones no explicitadas, o no deseadas inicialmente, como que sus ganancias las capturen unos pocos agentes (los futbolistas y sus agentes), o que sirvan para el desarrollo no sólo de clubs y ligas o federaciones, sino también de estructuras corruptas o dedicadas al fraude fiscal, o de estructuras de terceros países dedicadas al lavado de reputaciones poco presentables.
Finalmente, la principal lección quizás sea que, incluso cuando se proclama que no hay política industrial y no debería haberla, haberla hayla. Lo que hay que hacer es abrir debates transparentes sobre cuál es la mejor política industrial posible, y cómo se asignan los recursos escasos de una sociedad para cumplir con objetivos que beneficien al conjunto.

Condiciones para un progresismo efectivo

Uno de los objetivos no declarados del proceso independentista era hundir al PSC. Y en eso hacía pinza con otros sectores que sufren desde hace años del mal de la PSC-fobia. Aunque en algunos momentos algunos apostaron (en algunos casos, con decisiones personales irreversibles) porque este objetivo se cumpliría fácilmente, y que el socialismo catalán iba a derretirse como el socialismo francés o el griego, lo cierto es que tras ya ocho largos años de proceso independentista, el PSC está más fuerte que cuando el "procés" empezó, allá por el verano de 2012. En esa época gobernaba el PP de Rajoy en la Moncloa, Xavier Trias en el Ayuntamiento de Barcelona y Artur Mas en la Generalitat. Hoy el PSC vuelve a estar en el Ayuntamiento de Barcelona, pilotando la lucha contra la crisis, en muchos de los principales ayuntamientos, en la Diputación de Barcelona, en el Área Metropolitana, en el Gobierno de España con su ministro más popular, en la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, y preside con Eva Granados la Comisión para la reconstrucción económica y social del Parlament de Cataluña. Ningún otro partido está mejor ubicado para liderar la salida de la crisis de la COVID-19.
Hoy casi todos los partidos hablan de crecimiento inclusivo, de prosperidad compartida y sostenible, de progresismo en definitiva. Incluso Carles Puigdemont, el que según algunos comentaristas es el heredero del carlismo, dice también sentirse de centro-izquierda. Al final y al cabo, creo que una rama del carlismo se reivindicaba socialista. Pero no basta un power point, ni una lista de medidas, ni un relato más o menos bien construido, para que la sociedad te perciba como una fuerza efectiva del progresismo. Hacen falta una serie de condiciones que no se pueden improvisar, a saber:
-Diálogo y Moderación. En el mundo polarizado y fraccionalizado de hoy, cualquier acción de gobierno requiere diálogo con otras fuerzas políticas, capacidad de concertación social y colaboración público-privada (donde los sectores del capitalismo autocrítico demuestren su sinceridad). El estilo Iceta/Illa, capaz de poner por delante el respeto en lugar de los antagonismos, es más demandado en estos momentos que el estilo desestabilizador de los nacional-populismos.
-Co-gobernanza federal. Los retos a los que se enfrenta la humanidad, comenzando por las desigualdades y el cambio climático, no se solucionan en un sólo territorio, como si éste no interactuara con el contexto que le rodea. Cualquier solución, como ha demostrado la pandemia de la COVID-19, exige actuación mejorada a varios niveles, y todos ellos coordinándose. Si alguien pretende salvarse en solitario, será el primero en condenar a su ciudadanía, como se está descubriendo en Estado Unidos con el America First. El gran reto de los próximos años será sacar el máximo partido de los fondos europeos del proyecto Next Generation. No podemos permitirnos perder esta oportunidad histórica de participar, idealmente en condiciones de liderazgo, en la nueva Revolución Industrial digital y verde.
-Estado de derecho. Como ha explicado el economista Daron Acemoglu, estamos ante una encrucijada crítica, en la que una de las posibilidades (entre otras), es emerger con un Estado del Bienestar reforzado. Pero ello sólo será posible si el estado va acompañado de instituciones fuertes en la sociedad civil y de respeto por el Estado de derecho. Sólo cuando nadie está por encima de la ley, la ciudadanía puede confiar en sus gobernantes y apostar por el necesario aumento de los ingresos fiscales que permitan reforzar la capacidad de los gobiernos a todos los niveles.
-Seguridad, unidad y estabilidad. Ante la peor crisis sanitaria y social de las últimas décadas, es suicida e inmoral proponer que la prioridad sea "la confrontación con el Estado". La prioridad debe ser la estabilidad institucional y la seguridad jurídica, que permitan a las personas trabajadoras y a las empresas y administraciones realizar planes a corto, medio y largo plazo, que permitan firmar contratos y realizar planes de vida con un mínimo de certidumbre. En Cataluña miles de empresas sacaron sus sedes sociales sin que hayan vuelto, y los ahorradores sacaron 30.000 millones de euros en depósitos. Hemos perdido proyectos empresariales, que se han ido o que han descartado venir. Sólo partidos unidos que ofrezcan estabilidad pueden revertir la situación.
-Seriedad, experiencia y credibilidad. Cuando hablamos de transición ecológica justa, hablamos de dos urgencias simultáneas: la lucha contra la emergencia climática, y la necesidad de hacerle frente sin dejar a nadie atrás. Quienes no tengan credibilidad en las dos caras de esa moneda, no podrán liderar las profundas transformaciones que son necesarias. Los retos son de tal magnitud, que lo último que podemos permitirnos son personajes políticos frívolos que antepongan sus intereses personales y sus obsesiones enfermizas por delante de los desafíos tremendos a los que nos enfrentamos.
-Personas competentes y evaluación de las políticas públicas. La principal virtud de Pedro Sánchez es que ha sabido rodearse de personas competentes en ministerios clave, y que estas personas escuchan a otras personas expertas y están abiertas a que sus políticas sean evaluadas. Esto implica a veces reconocer errores y aprender de ellos. La experiencia de la COVID-19 nos ha enseñado que la elaboración y gestión de datos también de manera federal, es un input clave en cualquier acción moderna de gobierno. El modo ejemplar de puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital, con un consenso que va desde Pablo Iglesias al Fondo Monetario Internacional, nos muestra que el diálogo con expertos y la evaluación, ex ante, in itinere y ex post de las políticas públicas, sólo puede hacer que la acción de gobierno salga reforzada.
Ahora se crean partidos como quien hace pasteles, pero el PSC ha demostrado tener unas raíces profundas y formar parte de un bosque de vegetaciones diversas que extiende su sombra protectora por toda Europa. Cataluña se reconstruirá con la aportación de muchos sectores, pero uno de los principales será el partido contra el que se concibió el proceso independentista.