LA VIABILIDAD ECONÓMICA DEL FEDERALISMO

Si se habla tanto de la viabilidad económica de la independencia de Cataluña, sería justo hablar también de la viabilidad económica de algo más fácil de conseguir (aunque no trivial), el federalismo. La actualidad de  una potencial secesión de Cataluña respecto del resto de España ha desencadenado un debate sobre la viabilidad económica de la independencia de Cataluña. Los partidarios de la independencia resaltan las ventajas fiscales de la independencia, y minimizan las pérdidas debidas a una posible reducción del comercio con lo que quede de España. Los detractores de la idea enfatizan que las pérdidas comerciales no serían negligibles, y que la posible reducción del PIB debida a varios factores asociados a la ruptura, incluyendo posiblemente un aumento de la competencia fiscal y una pérdida de economías de escala en la provisión de bienes públicos, más que compensarían cualquier ventaja derivada de una mayor soberanía fiscal.

Por supuesto, no se trata literalmente de discutir la viabilidad de la independencia , sino sus costes y beneficios para la sociedad. Si ignoráramos el incierto proceso de ruptura necesario para alcanzar ese objetivo final, un hipotético estadio final donde las actuales fronteras se sitúan en otro sitio sería tan viable como la situación actual. Viable lo es casi todo, pero no todo tiene más beneficios que costes. El análisis coste-beneficio debería aclarar cuál es el marco geográfico que se considera (¿nos referimos a costes y beneficios en Cataluña, España, Europa, el mundo?).También debería considerar los efectos distributivos (¿se beneficiarían más unos sectores sociales que otros?), así como el marco temporal  y el factor de descuento (¿qué peso damos al corto plazo del proceso de ruptura en comparación con el incierto largo plazo?).

Pocas reflexiones tienen en cuenta un aspecto que para mí está en la base de las incomprensiones y descontentos. En la España actual, muchos creemos que los bienes públicos del estado español se proveen de un modo que tiene más en cuenta las preferencias de una parte de los españoles que las de otros: lengua, símbolos, infraestructuras, sedes de organismos. No sólo importa la escala de los bienes públicos, sino también su estructura y características. Por otra parte, una hipotética independencia también se centraría probablemente en la provisión de unos bienes colectivos que estaría inclinada (por diseño o por inercia) a satisfacer las preferencias de aquellos que no tengan lazos con el resto de España (que por cierto no están distribuidos aleatoriamente en el eje de la distribución de la renta).

Hasta los partidarios se dan cuenta de las dificultades constitucionales e internacionales de la opción independentista, y por eso últimamente evitan la palabra “ independencia” (y prefieren hablar de estado propio o estructuras de estado, o transición nacional). Ante estas dificultades, pero también ante la necesidad por parte de España de reaccionar ante el desafío de la ola independentista en Cataluña, no es de extrañar que unos y otros hayan redescubierto las ventajas de las ideas federalistas. Precisamente una de las ideas fuerza históricamente del tan denostado (por unos y por otros) PSC. Por eso en lugar de hablar de viabilidad de la independencia, quizás deberíamos hablar seriamente de la viabilidad del federalismo, ya que es algo mucho más cercano a la realidad posible. Hablo de viabilidad por paralelismo con el debate sobre la independencia, pero por supuesto de lo que se trata es de hablar de costes y beneficios sociales del federalismo.

Por supuesto, el federalismo tiene límites imprecisos y  puede significar cosas distintas para distintas personas (lo mismo podría decirse de lo que es un “Estado propio”, por lo que se lee estos días). Pero tiene la ventaja de referirse a una vieja tradición en España y Cataluña, asociada a los sectores progresistas e ilustrados que intentaban acomodar los distintos sentimientos de pertenencia desde mediados del siglo XIX. Y de referirse a la experiencia internacional exitosa de países complejos, auto-denominados federales, como Alemania, Suiza, Canadá, Estados Unidos o Australia.

¿Qué diferencia a la España de las autonomías de estas experiencias exitosas?

-Que la capacidad normativa de las autonomías es muy limitada, pese a tener capacidad de gasto.

-Que no hay mecanismos institucionalizados serios de participación de las autonomías en las decisiones del estado.

-Que la provisión de determinados bienes públicos ha sido sesgada hacia las preferencias de una parte de la población: sólo uno de los idiomas que se hablan en España es oficial en la administración central del estado (a diferencia de lo que ocurre en Canadá, Bélgica o Suiza); los símbolos del estado no son apreciados por una gran parte de la población en Cataluña y Euskadi; la política de infraestructuras y sedes de organismos ha ido destinada a satisfacer desproporcionadamente las preferencias del centro de España.

Las experiencias internacionales exitosas admiten asimetrías (Baviera) e incluso el derecho para algunos componentes a celebrar referéndums de secesión (Quebec), en los cuáles se prescribe un límite de participación y de votos afirmativos, y un eventual resultado positivo lleva asociado no el final, sino el inicio de negociaciones para repartirse los activos y los pasivos compartidos. En el caso de Europa, la posibilidad de celebrar estos referéndums debería ser regulada por la UE, dado que el conjunto de la Unión puede tener una legítima preocupación por la proliferación de nuevos estados miembro (si Escocia, Cataluña y Euskadi sí, por qué no Córcega, Padania o las regiones germano-parlantes fuera de Alemania, pero probablemente no se entendería en Europa que una Europa de 35 fuera el preludio de una Europa más unida). Por lo tanto el ejercicio de estos referéndums debería contemplarse como mecanismo de resolución civilizada, pero bajo criterios muy alejados del “derecho a decidir” tan alegremente reclamado, como si en una Europa deseablemente más unida no debiéramos avanzar más bien  hacia el “deber de co-decidir”.

Un camino hacia el federalismo generaría menos incertidumbre que la vía independentista, lo cual es muy necesario en el contexto de grave crisis económica y financiera actual. No existirían dudas sobre la pertenecía de Cataluña al euro y a la UE. Podríamos mantener la seguridad social española (los riesgos demográficos de una seguridad social catalana son demasiado elevados) y tender hacia mecanismos de aseguramiento continental y de mayor armonización fiscal (lo cuál descarta el concierto, pero no una mayor responsabilidad fiscal en un contexto de coordinación y mayor armonización), así como una lucha más eficaz contra el fraude fiscal, nunca muy eficazmente combatido por algunos partidarios de la independencia.

Una España federal facilitaría un mejor encaje en una Europa que necesariamente debe avanzar a una estructura federal más fuerte (a partir de una realidad actual donde los estados miembro tienen poder de veto) y a una unidad política donde los estados miembro y sus ciudadanos acepten perder soberanía a cambio de un marco democrático donde defender sus derechos y donde poder defender su visión de cómo deben ser los bienes públicos compartidos.

No sé si todo esto es muy descabellado, pero ciertamente haría felices a los muchos que en España aman a Cataluña y a los muchos que en Cataluña nos negamos a aceptar que los españoles, con quienes muchos tenemos vínculos de parentesco y afectividad, sean el chivo expiatorio de todos nuestros males. Hay que elegir entre populismo de un lado y otro versus los valores genéricos de la socialdemocracia (concordia y fraternidad, cooperación y justicia social). Entre los independentistas hay muchas personas más interesadas en la justicia social que en la independencia. Si los convencemos de que el federalismo permite alcanzar el bienestar con mayor seguridad y a la vez satisfacer sus preferencias por unos bienes colectivos más cercanos a sus sentimientos, quizás hayamos avanzado hacia un marco comúnmente aceptado de convivencia, no sólo aquí, sino en toda Europa. Porque los problemas de identidades complejas y solapadas no surgen sólo en la Península Ibérica, sino que están agazapados en muchos rincones del continente, como brillantemente expuso Claudio Magris en “El Danubio”. Quizás con una España y una Europa federales entonces todos los ciudadanos europeos podamos recuperar algo de soberanía, y se la podamos quitar a los mercados y al capital.