Cuando se ha hecho un uso tan oportunista y propagandístico del instrumento del voto como el que han hecho los dirigentes independentistas catalanes en los últimos años, es difícil tomarse en serio cualquier propuesta por su parte sobre otro referéndum. Por supuesto, se basan en la buena fe de la mayoría de la gente, que no tiene nada en contra, en general, de que se vote.
Votar es una parte importante de la democracia, pero no es la única. Tiene que ir acompañado por el respeto a las reglas, sin las cuales no hay democracia posible, y del respeto a las minorías. Hay muchas formas de votar, no hay una que sea perfecta, y distintas de ellas pueden dar lugar a distintos resultados, como hemos aprendido de, entre otros, sabios como Kenneth Arrow y Amartya Sen.
Si fuera verdad que en este caso el voto permite solucionar un atasco complejo, ya habríamos salido de él hace años. Se dice que el problema de buscar grandes acuerdos es que se producen situaciones de bloqueo, y sin duda el riesgo existe, pero en este caso el bloqueo se ha caracterizado por el uso reiterado y compulsivo del instrumento del voto como arma propagandística.
En Cataluña hubo 5 elecciones autonómicas (unas de ellas, llamadas por el gobierno catalán “plebiscitarias”, aunque con unas reglas algo borrosas) en 11 años, entre 2010 y 2021. En 2021, jugaron con la fecha de votación intentando saltarse las normas una vez más, lo que en este caso no consiguieron. Los dirigentes independentistas convocaron dos consultas o referendos ilegales, lo que estos días la prensa internacional ha llamado “sham referendums” en el este de Ucrania, tan alejados de las recomendaciones de la Comisión de Venecia como el de Cataluña de hace 5 años (en un contexto muy distinto). Estas consultas se nos vendieron como legales y definitivas, y algunos todavía hablan de su resultado como de un mandato democrático, bajo cuya invocación la antigua Convergencia y ERC han investido ya varios presidentes autonómicos, incluido el ultranacionalista Torra.
De una parte de los autores de la hoja de ruta de 18 meses que nos tenía que llevar a la independencia indolora tras las “plebiscitarias” de 2015, ahora nos llega la invocación de la Ley de Claridad canadiense. Un “acuerdo” de claridad con el gobierno español debería dar lugar a un referéndum de secesión pactado. Eso es algo que la Constitución española impide, como lo impiden casi todas las constituciones escritas de las democracias del mundo. La Constitución es nuestro acuerdo de claridad, y sí permite hacer referéndums de ratificación sobre acuerdos amplios de reforma de la Constitución o los estatutos de autonomía, y hacer referéndums consultivos (creo que el último que se hizo en España fue el de la OTAN de 1986, donde los que estaban en contra votaron a favor, y los que estaban a favor, votaron en contra).
Qué piensa el padre de la Ley de Claridad puede ser útil para ver si nos puede servir de inspiración. En un vídeo de 2014 puede verse el diálogo que mantuvimos, y donde Stéphane Dion dice explícitamente que no recomienda un referéndum de secesión, y que países como Canadá y el Reino Unido, que no los descartan (aunque sujetos a reglas del parlamento canadiense o británico), son la excepción y no la norma. En Canadá, la Ley de Claridad fue aprobada sin el voto de los independentistas de Quebec, que la rechazan, da la última palabra al parlamento canadiense, y ha servido para que no haya más referéndums soberanistas desde el último, previo a la Ley de Claridad, de 1995. En este, que dividió profundamente a la sociedad y tuvo un enorme coste económico por la incertidumbre, ganaron los federalistas por un margen estrechísimo, pero como explica la periodista Chantal Hébert en “The Morning After”, si hubieran ganado los independentistas, no había nada preparado. De ahí (y de la pregunta rocambolesca que hicieron) que hiciera falta un poco de “claridad”.
Que decida la militancia, pero ya veremos qué les preguntamos, dicen ahora por su parte los postconvergentes respecto a si seguir en el Govern con ERC, emulando a la CUP (no vayan a acabar en empate…).
Los que pierden que se aguanten, dicen que es eso la democracia. Pero, ¿es eso? ¿O las democracias dejan fijado en las leyes aquello que se puede decidir por mayoría simple, por mayoría cualificada, y aquello que ninguna mayoría puede decidir? Decisiones complejas y con consecuencias para varias generaciones, que afectan a cuestiones fundamentales, es mejor que se sometan a un proceso de diálogo (“yo no quiero decidir” dice Dion en la entrevista, sobre si es quebequés o canadiense), de democracia deliberativa, con un consenso final entre representantes, eventualmente ratificado en un referéndum, que es lo que contempla la Constitución española, y tantas otras. Y si no se ratifica, sigue vigente lo de antes. Eso tiene riesgo de parálisis, pero para parálisis la que nos han traído diez años de votaciones y más votaciones.
Los referéndums pueden ser un instrumento democrático (lo son en Suiza y en California, para temas acotados en la ley, que nunca afectan a la secesión), pero también pueden ser un instrumento de los autócratas (Hitler, Franco, Putin) y de los populistas delirantes, como los del Brexit.
¿A quien beneficia el atasco del voto? A quienes llevan gobernando (o mejor dicho, en el gobierno) 12 años, los soberanistas catalanes y británicos, que utilizan los referendos y las decisiones de los militantes de los partidos, para polarizar y dividir a la sociedad, y hacer difícil una mayoría alternativa. Hasta ahora.
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