Como dijo Miquel Iceta en la clausura del Taller Económico on line sobre evaluación de políticas públicas (cuyo vídeo completo puede verse aquí), en presencia del Ministro José L. Escrivá, éste ha venido a cambiar cosas y a romper inercias. Si alguien no ha visto todavía el vídeo, que no se lo pierda porque realmente vale la pena.
En su intervención, una auténtica lección llena de pasión, experiencia y conocimientos, Escrivá partió de la escasa experiencia de España con la evaluación de políticas públicas. Algunas instituciones existentes, como los tribunales de cuentas o la intervención del Estado, realizan un control formal, pero no realizan una evaluación del impacto de las políticas públicas sobre el bienestar de la ciudadanía. Con los mecanismos existentes, es difícil romper inercias y salirse de las reducciones lineales del gasto cuando hay necesidades de ajustes. La aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), fruto de un análisis que venía desarrollándose desde hacía tiempo, y que se aceleró con la pandemia de la COVID-19, ha supuesto una inyección de práctica sistemática de evaluación basada en evidencia, que ha situado los estándares al respecto a un nivel muy alto. El haber acompañado la aprobación del IMV de un proceso de evaluación y de transparencia abrazando el debate con todo tipo de personas expertas, ha facilitado que la medida fuese aprobada con un elevadísimo consenso, y con un aplauso que iba desde Pablo Iglesias al Fondo Monetario Internacional.
Escrivá explicó que no era casual que la evaluación basada en evidencia se desarrollase más en administraciones progresistas, como las de Obama ("show me the evidence", muéstrame la evidencia, solía decir) o Blair, ya que son este tipo de gobiernos los que están más interesados en elevar el prestigio de la acción del estado en la economía, y reforzar unas políticas sociales eficientes y bien dotadas.
El ministro explicó que es imprescindible que todos los niveles de la administración practiquen la evaluación de políticas públicas, que hoy es más posible que nunca por los avances metodológicos (como los ensayos aleatorios controlados o randomized control trials, RCTs) y los avances tecnológicos que permiten el tratamiento de fuentes de Big Data como los datos administrativos o datos de interacciones sociales. Un estado federal moderno debe basarse en compartir datos, en poder experimentar para adoptar aquellas prácticas que se hayan probado primero en pequeña escala. En este sentido, Escrivá se mostró dispuesto a que las Comunidades Autónomas gestionen el IMV si aceptan algunas condiciones para hacer uso de fondos de los presupuestos del Estado, como por ejemplo que ellas mismas colaboren con los ayuntamientos.
A lo largo del debate, animado por una fila cero con Laia Bonet, Ana Berenguer y Aleix Calveras, se abordaron cuestiones institucionales como quien debía encargarse de la evaluación, si órganos externos, internos, independientes, funcionariales, académicos. Escrivá reconoció que con el IMV fue crucial el dramatismo del momento y el apoyo del presidente del gobierno para movilizar todo el esfuerzo de recopilación de datos cruzando fuentes de distintas agencias del Estado. Explicó que en su opinión los académicos conocen el estado del arte, pero a veces realizan afirmaciones poco "aterrizadas" y no tienen en cuenta a menudo las restricciones de economía política. Por su lado, los académicos "se ofrecen" para realizar evaluaciones, pero exigen disponer de forma transparente de todos los daos necesarios, a lo cual hasta ahora la administración no siempre ha estado dispuesta. Las Consultorías externas pueden tener un rol en la realización de trabajos rutinarios asociados a la evaluación, pero no disponen de los incentivos para realizar un análisis profundo de las situaciones. En su opinión, son necesarios expertos multidisciplinares en evaluación en la administración, con estadísticos, economistas, sociólogos, politólogos...
La evaluación interna tiene límites, puesto que uno debe aceptar ser evaluado por otros, pero hacen falta agentes internos a los gobiernos que sean sensibles a la evaluación externa (por ejemplo de instituciones como la AIREF, que Escrivá dirigió antes de ser ministro), y sean capaces de reaccionar ante ésta, acompañando la evaluación ex ante de una evaluación ex post y facilitando la comunicación de los resultados de la evaluación.
La calidad institucional es clave, pero esta es endógena, no basta con simplemente tratar de inyectarla. En España, parece que ha hecho falta una concatenación de sucesos contingentes para que por fin empecemos a tener en cuenta la evaluación de políticas públicas basada en evidencia de una manera sistemática: una política pública concreta que había sido estudiada por la AIREF y los partidos en el gobierno, una gran crisis, un ministro sensible que venía de una institución que había estudiado el tema... No deja de ser paradójico que para que la evaluación reciba impulso, el responsable de la autoridad independiente tenga que irse a trabajar a la institución evaluada (en este caso el gobierno), en un curioso, y hasta ahora no destacado por nadie, ejercicio de puertas giratorias internas al sector público. Probablemente, ello ilustre que no basta con organismos independientes despolitizados, aunque estos pueden ser un input crucial, sino que es necesario un impulso político para que se abran paso iniciativas que rompen inercias y que no siempre son del agrado de grupos de presión (en mi perfil de Google Académico se pueden encontrar algunos artículos que he escrito sobre la regulación independiente).
La evaluación no es neo-liberal, explicó brillantemente Escrivá: puede implicar recortar algún gasto, pero también mantenerlo o ampliarlo, como ha ocurrido con las becas universitarias. Por eso la evaluación es más importante que nunca con la actual pandemia, por las dificultades económicas combinadas con las urgentes necesidades sociales, que obligan a priorizar y direccionar bien el gasto público.
La charla fue muy oportuna especialmente por el momento que se vive en Cataluña, donde la coincidencia de la pandemia con el período pre-electoral, pone de manifiesto la importancia del buen gobierno en las importantísimas competencias autonómicas, como señaló Eva Granados al final del evento. Un rol reforzado y modernizado de la agencia Ivàlua, así como un análisis en profundidad de todo el gasto autonómico, serán necesarios para romper inercias de 40 años de una administración que tiene excesivos componentes clientelares y dedicados a prioridades que no son de tipo social, para liberar recursos priorizando el gasto sanitario y educativo, o la reindustrialización digital y ecológica. El reto de aprovechar la oportunidad histórica de los fondos Next Generation de la Unión Europea también nos obligará a aumentar mucho los estándares evaluativos.
(J.L. Escrivá basó su presentación en un Power point que no mostró, pero quien esté interesado-a se puede dirigir a mi por email o twitter y se lo puedo hacer llegar).
No hay comentarios:
Publicar un comentario