La muerte lenta del referéndum de secesión

Hoy hay elecciones en Euskadi y en la campaña electoral ni se ha hablado de la posibilidad de un referéndum de secesión, en el territorio que, hasta el “Procés” catalán, había sido el más secesionista de España. Sin embargo, los partidos separatistas catalanes siguen haciendo del referéndum de secesión una bandera. Aunque ello no lo han puesto hasta ahora como prioridad para negociar con Pedro Sánchez, tanto Junts como ERC siguen teniendo el referéndum de secesión pactado como arma electoral, un tanto en contradicción con seguir reclamando la vigencia del 1-O.

Pere Aragonès incluso aprovechó su púlpito oficial como presidente de la Generalitat para anunciar su propuesta de referéndum, con pregunta incluida, coincidiendo con la convocatoria electoral. Para ello se basó en un Informe firmado por el presidente del Instituto de Estudios del Autogobierno, el jurista Joan Ridao, y por otra persona que parece ser un empleado suyo. Parece que no fue suficiente el Informe que había elaborado previamente un Consejo Académico más plural (y que dejaba abierto un abanico muy amplio de posibilidades), pero también nombrado directamente por el propio Govern, para hacer propuestas que sacaran lecciones del Acuerdo de Claridad al que se llegó en Canadá tras el fracaso del segundo referéndum de secesión de Quebec en 1995. El Informe Ridao aboga como vía prioritaria por una interpretación del artículo 92 de la Constitución española que permita realizar un referéndum consultivo sólo en Cataluña, donde el resultado, en caso de ser favorable a la independenecia, se interprete como “referéndum de inicio” que dé lugar a una negociación “de buena fe” entre las partes implicadas.

El catedrático constitucionalista Xavier Arbós, una persona de firmes convicciones catalanistas y federalistas, ha sido uno de los muchos expertos que ha explicado que tal vía (o cualquier otra) en ningún caso puede dar lugar a la independencia de Cataluña sin modificar la actual Constitución en su artículo 2, que como es conocido, impide la separación de una parte del territorio, que considera indivisible (como hacen prácticamente todas las Constituciones escritas del mundo, incluida la Constitución de todos los estados-miembro de la Unión Europea). Esta reforma constitucional requeriría una mayoría cualificada de las Cortes españolas y un referéndum de ratificación en toda España. El texto constitucional español no puede ser más claro: esa es la ley de claridad vigente en España, que se puede cambiar, pero para conseguirlo no basta con tener mayoría de votos en unas elecciones autonómicas o en un parlamento.

Lo cierto es que lo que parecía plausible, y que convenció a mucha gente, en 2014-2016 (los años de los referéndums de Escocia, Crimea, del Brexit), hoy ha pasado bastante de moda, como ilustra la campaña vasca. En Quebec la Ley de Claridad sirvió precisamente para NO convocar más referéndums soberanistas, y por eso sigue formando parte de Canadá, un país con unas instituciones, una historia y una geografía bastante distintas a España (aunque haya lecciones que aprender, por ejemplo en el terreno lingüístico). Y en Escocia y el Reino Unido, 10 años después del inicio de los temerarios referéndums de David Cameron que acabaron llevando a su dimisión (el de Escocia y el del Brexit, ambos convocados a propuesta del Primer Ministro por el Parlamento británico, que no tiene las restricciones que impone una Constitución escrita), no hay ningún apetito ni ninguna perspectiva, de un nuevo referéndum.

La “Consulta” de Mas en 2014, las elecciones supuestamente plebiscitarias de 2015, el 1-O… y la división que todo ello ha traído a Cataluña, acompañada por la inestabilidad política y jurídica que llevó a miles de empresas a alejar de ella su domicilio social, han erosionado la credibilidad de la idea de referéndum como una propuesta viable y deseable. Ahora conocemos las consecuencias de lo que se hizo en el Reino Unido, donde separarse de la UE sí tenía un recorrido legal. Por si estamos tentados de recorrerlo, suponiendo que hubiera una mayoría como la que se requiere para cambiar la Constitución, ¿fue el referéndum del Brexit una buena idea? Hay otras soluciones democráticas que son mejores, como ratificar grandes acuerdos alcanzados por las formaciones democráticas más representativas, que es lo que ya prevé por ejemplo la actual Constitución española.

Los independentistas, o algunos, quieren corregir que el referéndum sea unilateral, pero no otros defectos. ¿Qué quiere decir que Cataluña sea un país "independiente", como dice la pregunta que plantea Aragonès? ¿Un país en la Unión Europea, la zona euro, o con moneda propia? España hoy no es un país independiente, es "Euro-España", como ha dicho Sartorius. Si es así, ser un nuevo estado-miembro de la UE no se puede decidir unilateralmente, sin antes pasar por un largo proceso de integración, aprobado por todos los estados-miembro existentes. ¿Cuál es el contenido exacto de lo que se lleva a consulta? ¿Qué se está aprobando si no hay un acuerdo previo? ¿El inicio de qué? En el informe en que se basa Aragonès no se habla de pequeños inconvenientes como la moneda, el Banco Central Europeo, la Zona Schengen, el Mercado Único… Ni se menciona la Unión Europea.

Los referentes internacionales del informe que da pie a la propuesta de Aragonès incluyen solo a Escocia y Quebec, pero más adelante también a Montenegro. Ahí le paso el testigo a Javier Cercas, cuyas palabras en El País Semanal hace no mucho tiempo nadie ha desmentido: “las guerras de Yugoslavia produjeron, además de en torno a 225.000 muertos, una serie de pequeños países casi por entero dependientes de las grandes potencias, cuya máxima ambición consiste en integrarse ahora en la UE, donde volverán a convivir con sus antiguos conciudadanos yugoslavos en una confederación que tarde o temprano se convertirá en una federación como la que su locura y su fanatismo arrasaron… pregunté si el referéndum de 2006 fue limpio; la respuesta, también unánime, fue "El libro blanco", de Bijela Knjiga, donde se detallan las múltiples irregularidades de la consulta (votaron muertos, votaron extranjeros, hubo gente que votó varias veces), anomalías que el cinismo de la comunidad internacional ignoró porque le urgía la desaparición del último vestigio de Yugoslavia —la unión de Serbia y Montenegro— como paso previo para separar Kosovo de Serbia. Pregunté si el referéndum resolvió algún problema. “Sólo los de los oligarcas”, fue la respuesta. “A los otros, nos creó más”. “¿Ni siquiera pacificó el país?”, pregunté. “Al contrario”, contestaron. “Han pasado más de 15 años y está más dividido que nunca”. Hablaron de la tensión permanente entre separatistas y no separatistas, de serbios interpelados o agredidos en las calles, de la conversión de los serbios en ciudadanos de segunda ante la indiferencia internacional”.

Algunas personas, tanto independentistas como personas que han criticado a Pedro Sánchez por ceder ante ellos, han pronosticado que si Sánchez ha cedido con la amnistía también lo hará con el referéndum. Pero eso implica dejar de lado que la decisión no corresponde a Sánchez, incluso suponiendo que éste estuviera dispuesto a ceder, de lo que de momento no hay evidencia. Ningún gobierno puede aceptar un referéndum de secesión porque la Constitución y la realidad europea en la que hemos decidido integrarnos y de cuyos fondos dependemos, lo impiden, ni siquiera un hipotético gobierno español de Podemos con ERC. Pero además, después del revuelo ocasionado por la amnistía, de la crisis judicial originada y del coste político que ya están pagando los socialistas, es inimaginable que ningún gobierno se embarque en algo que dejaría pequeña la polémica de la amnistía y que dejaría a España, y no sólo a Cataluña, sumida en una crisis Constitucional de grandes dimensiones que duraría años y años.

El estatuto catalán vigente no ha sido ratificado en referéndum (y el que amputó parcialmente el Tribunal Constitucional había sido ratificado con una participación muy baja), lo que sin duda es una anomalía, que no será fácil de resolver en un clima de polarización y falta de consenso.

Pero sólo se habla de referéndum de secesión en Cataluña (y creo que con decreciente convicción) y en la Venezuela de Maduro con el Esequibo (parte de Guyana). Es una lástima que el talento de juristas competentes y el prestigio de instituciones colectivas, que nos pertenecen a todos, se desperdicie en proyectos de parte que no tienen posibilidades de prosperar. Ni siquiera se habla de un plebiscito en Palestina, donde el argumento para un estado palestino (que a mí me plantea serias dudas, porque preferiría un solo estado con igualdad de derechos) se basa no en un referéndum sino en una resolución de las Naciones Unidas.

Si la idea sigue viva en Cataluña es porque sigue siendo eficaz como arma electoral en la división entre independendistas. David Cameron también pensaba en sus intereses partidistas, y creía que el referéndum del Brexit le servía en su batalla con los radicales conservadores. La democracia y la economía británicas siguen sufriendo por ello. Un referéndum de secesión, o su intento, no servirá para resolver nada en Cataluña, ni para mejorar nuestra democracia ni nuestra economía. Pero su pervivencia en el imaginario simbólico de muchos nacionalistas seguirá dificultando la necesaria evolución positiva de las cosas en el único sentido posible, que es el de la federalización de España y Europa, la superación del estado-nación y la relativización de las fronteras.