La derecha española y la estabilidad regulatoria

Pese a la retórica de promover "reformas" en España, el gobierno del PP dirigido por Mariano Rajoy desde fines de 2011 ha cosechado algunos sonoros fracasos en algunas reformas clave. Una de ellas es la reforma de los organismos de regulación sectorial y de defensa de la competencia. En un post anterior informé de mis trabajos de investigación donde se incluye una opinión elaborada criticando la fusión que tuvo lugar en 2013 entre la autoridad de defensa de la competencia y varios reguladores sectoriales, entre ellos el de telecomunicaciones y el de energía. Esa fusión fue no sólo criticada desde medios académicos, pese a los aspavientos de algún profesor reciclado en lobista, sino también desde la Comisión Europea, que es la institución que más hecho por dotar de estabilidad y calidad regulatoria a España. Tras sólo cuatro años de funcionamiento de la nueva agencia fusionada, que pese a todo se había demostrado relativamente independiente gracias al trabajo de un presidente con personalidad, aparentemente boicoteado desde círculos cercanos al PP, el gobierno ha decidido rebobinar en parte y volver a deshacer la fusión, en este caso creando una autoridad de defensa de la competencia y una autoridad de regulación sectorial (que incluya las telecomunicaciones y la energía). Este es un esquema más racional que el anterior, pero se tenía que haber hecho en 2012 o 2013. Hacer y deshacer dos estructuras regulatorias es enormemente costoso, y se descapitalizan organismos e instituciones difíciles de poner en pie. La reforma de 2013 ya tiró por la borda los esfuerzos de consenso social y político desarrollados por el entonces secretario de estado de economía, David Vegara, en la política de defensa de la competencia. Ojalá la nueva reforma se hiciera con ese espíritu de diálogo y consenso, con la elaboración de un libro blanco, la atención a todos los sectores interesados, y la aprobación final por consenso en el legislativo. Habría muchas cuestiones a incorporar, no sólo para dotar de mayor independencia a los organismos, sino para que reflejaran mejor la realidad institucional, cuasi-federal del estado, por ejemplo en las políticas que afectan a algunas industrias de red como el agua o el transporte, no sólo la energía o las telecomunicaciones. O para aceptar que España debe someterse a las políticas de la Unión Europea en estos terrenos, y a la vez participar activamente en su elaboración, no como hasta ahora, que parece que no pintemos nada en Europa pero que después nos enfrentamos a ella cuando no nos gusta lo que nos dice. Esta reforma, de más calado y consenso que la que promueve el PP, es una de las cuestiones que debería impulsar un PSOE idealmente unido y renovado que salga del proceso de votaciones y congreso de las próximas semanas. ¿Estaré soñando despierto?