miércoles, 22 de julio de 2015
Federalismo e igualdad: el ejemplo de la renta mínima
Los federalistas somos anti-demócratas y tenemos serios
problemas cognitivos (a juzgar por las declaraciones de los independentistas catalanes Raül Romeva y Josep
Rull), a pesar de que la mayoría de personas que viven en democracia en el mundo lo hacen
en federaciones, y a pesar de que empieza a haber un importante consenso
académico señalando los principios federales como una posible solución a los
problemas de España y Europa. Raül Romeva, el de “o todo o nada” que recuerda a
“Todo por la Patria”, y que encabeza una lista hecha en una reunión cerrada en
un palacio, con la cual se pretende evitar que un presidente camuflado rinda cuentas a los electores de
su mala gestión, dijo que quienes se oponían al proyecto soberanista y no asistían a sus manifestaciones no eran demócratas. Josep Rull, dirigente de CDC, dijo que Pedro Sánchez, tras
reiterar su propuesta federal en Barcelona, no entendía "nada" (a otros
federalistas también nos lo dicen a menudo, a pesar de dedicar nuestras sacrificadas
vidas al estudio). Debe ser que Rull tiene un currículum académico impresionante. Sin embargo, los
constitucionalistas académicos españoles, estos sí, incluidos los catalanes, en su gran mayoría apuestan abiertamente por una reforma federal de la Constitución. La mayoría de
economistas, filósofos y politólogos europeos (desde Tirole y Piketty hasta Habermas)
coinciden en que Europa debe transitar lo antes posible desde el modelo
confederal e intergubernamental actual a uno federal. ¿Tampoco entienden "nada"
todos estos intelectuales? Una de las razones por las que existe un creciente
consenso académico acerca de las virtudes del federalismo es su
complementariedad no sólo con la regeneración democrática (en un sistema
federal, todos los niveles relevantes de gobierno rinden cuentas directamente a la
ciudadanía), sino también con la igualdad en nuestras sociedades crecientemente
interconectadas. Esto es casi obvio cuando se trata de construir un sistema
federal desde uno intergubernamental a nivel internacional, como es el caso europeo, como ha puesto de manifiesto Piketty en sus argumentos para combatir la creciente concentración internacional de la riqueza. Es menos obvio en el caso de construir un sistema federal
desde un estado unitario, como es el caso español. Ciertamente, la relación entre federalismo en este caso y desigualdad es compleja, como señalaron los politólogos Linz y Stepan hace años. Pero un interesante debate twitero el pasado sábado 18 de julio por la tarde entre Ignacio Urquizu, Alain Cuenca y la cuenta oficial de Federalistes d'Esquerres ponía de manifiesto la necesidad de un modelo federal por ejemplo para una política redistributiva tan importante como la renta mínima. Sin un mínimo fijado por el nivel federal, las comunidades pueden ser reacias a aplicar la medida por miedo a atraer personas pobres; una vez fijado el mínimo, y ante las dudas que existen respecto a cuál es el mejor modelo, así como para adaptarse a las especificidades de cada territorio, las comunidades podrían experimentar con varios modelos. Solidaridad y diversidad, la esencia del federalismo. Una vez más, este no es una receta "territorial" o "identitaria" sino una serie de principios para organizarnos bien y mejorar el bienestar de la población, empezando por las personas más vulnerables.
Gracias Francesc por citar nuestra conversación en Twitter. Estoy de acuerdo con que se fije un mínimo a aplicar en toda España, pero creo que eso suscita la duda sobre cómo se decide sobre servicios sociales y cómo se financian tales decisiones. En la situación actual de distribución de competencias, no está claro que una iniciativa unilateral del gobierno central respete la autonomía vigente. Hay al menos una sombra de duda. Pero el debate competencial no es mi especialidad. En cambio, si puedo decir algo sobre el modo de financiar un mínimo de esta clase. Si lo dejamos a las CCAA, se quejarán de la imposición estatal. Si lo financia el Estado, las CCAA se ahorrarán los 1000 millones que actualmente se gastan en eso y se lo gastarán en otra cosa.
ResponderEliminarA mi juicio, si se decide prestar un nuevo servicio social en España, debería ser un órgano territorial como el Senado (reformado) quien adoptara tal decisión, determinando el grado de igualdad territorial a garantizar. Y también debería ser un Senado territorial quien aprobara el incremento de impuestos necesario.