Economía política de la crisis española y catalana

En pleno apogeo de revelaciones sobre la implicación de Mariano Rajoy en el caso de financiación ilegal de su partido (y de sí mismo), ayer el presidente del gobierno español, que se ha negado hasta ahora a acudir al Parlamento a dar explicaciones o a dar ruedas de prensa dignas de este nombre, se reunió con los principales dirigentes de las grandes empresas españolas, entre ellas alguna que había participado en la mencionada financiación ilegal. El titular de la Razón ha sido: "Estabilidad para España: Rajoy recibe el espaldarazo de los grandes empresarios". Ello revela el enorme peso político de las grandes empresas españolas, algunas de las cuales están bajo la lupa de la Comisión Europea por los beneficios fiscales que les facilita el gobierno con el impuesto de sociedades. Mientras en España hay un 27% de paro y un porcentaje parecido de fraude fiscal, los grandes empresarios harían bien en plantearse seriamente si están contribuyendo de alguna forma constructiva a cumplir con su responsabilidad, como una de las principales instituciones de una sociedad moderna, de servir al bien común.

 Mientras tanto en Cataluña, sometida también gravemente a los efectos de la crisis económica, el gobierno autonómico es incapaz de aprobar su presupuesto, y dedica prácticamente todas sus energías a cultivar una campaña intensa, pero de dudoso norte, por el “derecho a decidir”. En pleno fracaso  de la búsqueda de apoyos al independentismo, la Generalitat ha tenido que cambiar en poco tiempo sus representantes en Bruselas y en Madrid, que han dimitido porque les avergüenza defender las “tesis” de su gobierno. En realidad no hay ningún plan serio y concreto para independizar a Cataluña. CiU y sus aliados no se ponen de acuerdo ni para escribirle una carta a Rajoy pidiéndole llegar a un acuerdo sobre algún tipo de consulta o referéndum. Todo se ha convertido en un gran ejercicio de agit-prop de consumo interno que es muy útil para narcotizar a un pueblo ante los problemas sociales de la crisis, y para dividir a la izquierda, el objetivo común de las derechas española y catalana. Pero a estas alturas, Artur Mas no sabe si la consulta debe ser una especie de macro-encuesta donde la gente expresa su estado de ánimo (la opción preferida por Mas, porque votar sí a la independencia sería gratis y podría seguir nadando en el conflicto), un referéndum vinculante de verdad con una pregunta clara sobre sí o no a la independencia (lo que Cameron ha impuesto a los nacionalistas escoceses), o un referéndum donde al pueblo se le pide que ratifique un gran acuerdo entre los principales partidos sobre el futuro de Catalunya en España y Europa (lo que debería ser para no dividir a una sociedad que es plural en sus sentimientos respecto a España; la ocasión podría ser el referéndum para una nueva Constitución federal en España). Mientras tanto, CiU tiene su sede embargada por un juez, que tiene indicios de que esa federación de partidos se lucró con comisiones ilegales de una empresa constructora (Ferrovial, una de las que se reunió ayer con Rajoy) por valor de más de 5 millones de euros. Joaquim Coll se preguntaba por qué en Madrid no temen el riesgo insurreccional que se respira en Cataluña. Ahí va una hipótesis: porque no les da miedo el principal partido que apoya el movimiento soberanista, un partido que tiene a uno de sus dirigentes históricos (Miquel Roca) defendiendo judicialmente a la familia real española, que es financiado ilegalmente por grandes empresas españolas, y que tiene a otros ex políticos en cargos importantes de empresas como Endesa (filial española de una gran empresa italiana, y principal operador eléctrico en España). El poder político y económico español cree que el independentismo catalán no va en serio, y que es un problema útil que permite tener despierto el nacionalismo español, y que si se agrava se puede solucionar en los consejos de administración de las grandes empresas.

Los nacionalistas hacen oídos sordos de momento a las propuestas federalistas de la izquierda catalana y crecientemente de la española, cuando en la tradición federal y en el ejemplo de los países federales está la solución obvia al encaje de Cataluña en España y en una Europa sin fronteras, unida en lo político e integrada en lo económico. El federalismo permitiría a los catalanes implicarse en la provisión común de bienes y servicios y construir un estado común que respetara mejor la identidad catalana, como se hace en Canadá y Suiza con todas las identidades, sin sufrir los traumas y divisiones de una independencia que no tiene ningún aliado internacional. Los nacionalistas utilizan como único argumento económico un déficit fiscal que hinchan a su conveniencia, elevándolo a robo o expolio fiscal, partiendo para ello un sistema de financiación autonómica mejorable y un sistema de construcción de infraestructuras discrecional y arbitrario. Un sistema de financiación y de decisión sobre grandes proyectos propio de los estados federales sería la solución. Pero la independencia no dejaría inalterados los parámetros que permiten calcular supuestamente el déficit fiscal, sino que alteraría el comportamiento de los agentes económicos, previsiblemente creándose menos riqueza, e incentivando la competencia fiscal a la baja. La independencia, especialmente si como es previsible situase a Cataluña fuera de la UE, es incompatible con un modelo de sociedad que combine eficiencia y redistribución mediante una presión fiscal elevada y un estado del bienestar digno de este nombre. Pero a las derechas no les interesa solucionar el problema del encaje de Cataluña en España, les interesa eternizarlo, porque obtienen obvios réditos electorales, y hasta ahora han creído que la suma de nacionalismo más colusión con los grandes intereses económicos les permite obtener hegemonías. Ya veremos si esta estrategia sobrevive a la actual crisis, que lo pone todo al descubierto.